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miércoles, 8 de mayo de 2013

Indecente Retroceso


Las declaraciones del Ministro del Interior insinuando que la  mujer que aborta y un terrorista de ETA “tienen algo que ver pero no demasiado” son de una indecencia  repugnante. Lo menos que podría hacer es dimitir e irse a vivir a un monasterio de clausura. Por cierto, resulta que a este “señor” sus colaboradores le planifican la agenda para que no falte ni un solo día a misa. Claro que eso no tiene nada que ver con que compare a una mujer que aborte con un terrorista que va por ahí pegando tiros en la nuca.


Pero no hay mal que por bien no venga. Jorge Fernández Díaz  y su repugnante indecencia han conseguido que se hable del tema. A lo mejor así reaccionamos de una vez. Porque la verdad es que nos cuesta reaccionar. Y mucho.
 La contrarreforma sobre la ley del aborto que está planificando el gobierno está pasando –al menos hasta ahora –poco menos que desapercibida dada la situación que vive el país. Quizás por ello  han elegido este momento no sólo para intentar volver a la ley de 1985, sino para hacerla más restrictiva. Que políticos ultracatólicos y con una formación opusina quieran recuperar la ley de supuestos no es algo que sorprenda. Al fin y al cabo forman parte de un partido democristiano y ya se opusieron a la aprobación de la ley de plazos en 2010. 
Lo que no se sostiene por ningún lado es que el ministro de justicia quiera hacer una ley más restrictiva que la de hace tres décadas. Algo a lo que no se atrevió ni José María Aznar en los ocho años que estuvo en el poder. Querer eliminar el  supuesto de anomalía fetal es una aberración impropia de un gobierno democrático que debería tener a nuestra sociedad en pie de guerra. Al año se realizan actualmente 3000 abortos por anomalías fetales, muchas de ellas graves o incompatibles con la vida. Pretender obligar a una mujer a ser madre en esas condiciones es intolerable y propio de una sociedad integrista .
Las intenciones de Gallardón no se quedan solo ahí. El supuesto de riesgo para la salud de la madre se quiere mantener pero con más restricciones que antes. Con la ley actual un médico tiene que acreditar ese riesgo para la salud de la mujer, una vez pasado el plazo de aborto libre. El ministro quiere evitar que los facultativos que acrediten el riesgo para la salud de la madre  estén vinculados a la clínica donde se vaya a realizar el aborto. Algo que parece muy difícil de conseguir dado que  el 97 % de los abortos se practican en clínicas privadas. Si la ley prima la salud del feto a la de la madre podremos ver situaciones en España como la de la chica de 22 años que está luchando por su vida en  El Salvador porque no la dejan abortar
Hace unos días contaban en la radio que 70.000 mujeres mueren al año por abortos clandestinos. Si Gallardón logra seguir adelante con sus planes España va a contribuir a que esa cifra aumente. No quiero vivir en un país en el que una sola mujer tenga que añadir al drama de pasar por un aborto el miedo y la inseguridad de estar haciendo algo ilegal. No quiero una sociedad en la que sólo las que tienen dinero puedan abortar con garantías para su salud porque puedan pagarse el viaje para interrumpir su embarazo. 


Ya le tocó a la generación anterior. Miles de mujeres en los años setenta y ochenta tuvieron que ir a Londres o a Amsterdam. Las que pudieron permitírselo. Las que no tenían para el billete pasaron por intervenciones dolorosísimas poniendo en grave riesgo su salud.
Eso lo teníamos superado a estas alturas. No podemos volver atrás. No podemos permitirlo de ninguna manera. Con o sin crisis, esto es una cuestión vital para nuestra libertad como mujeres, para la de nuestras hijas y para la de toda nuestra sociedad. De justicia es –Sr. Gallardón –no  permitir que se recorten derechos que ha costado siglos conseguir. Si se le olvida, las mujeres haremos lo imposible por recordárselo. Incluso algunas de su propio partido. Incluso algunas (¿o muchas? ) que le han votado.